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Una escena que reflejn el día a día en una de las muchas asociaciones cannábicas de España. (Foto: Santos Cirilo/EL PAIS).

¿Estáis de acuerdo con el desarrollo del plan anticrisis 2012 aprobado por el Ayuntamiento de Rasquera en la sesión plenaria del 29 de febrero? Esta es la pregunta de la discordia que, sin citarlo expresamente, cuestionaba este martes en referéndum a los vecinos de la localidad tarraconense sobre la posibilidad de ceder terrenos municipales para una plantación de marihuana de 7,5 hectáreas, con la que se abastecería a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA).

Compuesta por 5.000 socios, la ABCDA pagaría 1,3 millones de euros en dos años al ayuntamiento, sin duda un alivio muy agradecido para las arcas municipales de cualquier localidad en estos tiempos inciertos. Después de semanas de polémicas, los vecinos apoyaron este plan anticrisis, que no sólo incluye la plantación de cannabis, con un 56,3 por ciento de votos favorables -308 frente a 239 en contra y 7 nulos-. Un porcentaje a tener en cuenta pero que no alcanza el 75 por ciento mínimo que exigía la corporación local.

Los Mossos d'Esquadra registraron ya en marzo el local de la ABCDA en Barcelona después de constatar posible "tráfico de drogas". Detuvieron a una empleada, identificaron a tres trabajadores más, e incluso precintaron el local durante unas horas hasta que el juez ordenó que se reabriera. Nada nuevo bajo el sol o que pudiera pillarles por sorpresa, tal y como expone a ROLLING STONE Pedro Pérez, presidente de otra asociación madrileña, La Santa LeClub, que cuenta ya con 112 socios, “lúdicos y medicinales”.

“Nosotros tuvimos la primera incautación hace tres o cuatro semanas”, relata Pérez. “Los policías estaban un poco nerviosos, pero cuando vieron lo que somos y lo que hacemos, actuaron tranquilamente, con mucha deferencia y sin malos tratos”, asegura, para después recalcar que incluso uno de ellos les confesó que son perfectamente conscientes de que “gracias a proyectos” como el suyo, “las leyes cambian”. “Pero claro, ellos hacen su trabajo y lo ponen en conocimiento del juez, que al final es quien decide. Porque se puede acusar de narcotráfico a cualquier asociación por usar una sustancia ilegal con dinero de por medio”, asevera.

La Fiscalía de Tarragona anunció a finales del mes pasado que investigaba la legalidad de la plantación en Rasquera, cuyas diligencias aún están en curso, y recordó que el autoconsumo de marihuana es legal siempre que no se derive a terceras personas. Este mismo miércoles, después del referéndum, el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, advirtió al municipio tarraconense de que los Mossos d'Esquadra levantarán acta y la pondrán a disposición de la Fiscalía si se materializa la plantación de marihuana en terrenos municipales.

Incluso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha manifestado su oposición a la plantación en Rasquera, puesto que, en su opinión, la situación económica no debe llevar a medidas que puedan ser contraproducentes cuando se supere la crisis. “La situación de crisis es dura, pero no tenemos que hacer medidas para resolver la crisis económica de las que nos podamos arrepentir cuando hayamos superado la crisis”, argumentó concretamente en declaraciones a la emisora Rac1. Mientras tanto, el alcalde de Rasquera, Bernat Bellisa, ya ha cumplido su palabra y ha dimitido por no llegar al 75 por ciento de apoyo de los vecinos para su propuesta, algo que no significa necesariamente que el plan no pueda seguir adelante. El equipo de gobierno, de ERC, sigue reflexionando sobre la hoja de ruta, con la oposición frontal de los concejales de CiU.

Sin embargo, la postura no es la misma desde el ámbito de los consumidores. Jorge, un madrileño de 32 años defiende el fin de la “hipocresía y que se legalice el autoconsumo”, algo que provocaría además el “fin de las mafias que dominan esto”. “Yo formé parte de la AMEC (Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis) durante un tiempo y sus miembros son consumidores, no drogadictos. Lo uqe sí droga son programas y cadenas como Sálvame, el Gran Hermano, Telemadrid e Intereconomía”, sentencia mientras en Rasquera aún siguen acampadas televisiones de medio mundo, desde Francia hasta Corea del Sur pasando por Al Jazeera.

Pérez explica que el acceso al local de La Santa LeClub es completamente restringido sólo para sus miembros, y añade que los nuevos socios sólo pueden ingresar en la asociación por invitación. “Y si se dan de baja ya no pueden volver, porque esto es puro activismo y se requiere un compromiso. Una asociación tiene que darse de alta en el Ministerio de Interior o en su Comunidad Autónoma, y ahí están todos nuestros datos. No queremos escondernos, somos ciudadanos que se organizan para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma y beneficiar a la sociedad”, relata.

En esta línea, Pérez calcula que el consumo estimado en la Unión Europea si se legalizara la marihuana sería de unos 157.000 millones de euros al año y se generarían unos 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero un cambio, admite, sólo es posible a “nivel internacional si de alguna forma se despenaliza”. “Estamos abriendo vereda. La jurisprudencia se crea andando pero no veas a veces lo que duele. Esta es en el fondo una lucha por los derechos civiles y más tarde o más temprano será lo mismo que el activismo por los derechos de los homosexuales. ¿Qué hace una señora de 80 años buscando marihuana por la calle para su hija de 40 enferma de cáncer de pecho? Cuando la gente recurre a esto es su último clavo ardiendo”, plantea.

Ya a finales del pasado año una vía hacía la hipotética legalización del cannabis en Euskadi asaltó a la opinión pública después de que el Gobierno vasco anunciara una nueva ley de adicciones  para regular su “cultivo, venta y consumo” en el marco de las asociaciones de fumadores, agrupaciones privadas cuyos socios plantan una cosecha de marihuana y se la reparten. Actualmente, están en una peligrosa situación alegal: un mes antes del anuncio del Gobierno Vasco, Martín Barriuso y otros dos miembros de la asociación Pannagh, de Bilbao, fueron arrestados, acusados de delito contra la salud pública (o sea, narcotráfico) y la cosecha de Pannagh fue decomisada.

¿Es la intención del gobierno autonómico realmente un primer paso para la legalización del cannabis, cuyo consumo está despenalizado pero conlleva una sanción administrativa? No, si atendemos a las explicaciones que Jesús María Fernández, viceconsejero de Sanidad, da a ROLLING STONE: “Hoy por hoy ese debate no está en la sociedad española. Nosotros al menos no lo planteamos. Es un tema polémico por las contradicciones que genera cuando precisamente estamos tratando de erradicar el consumo de tabaco de los espacios públicos. No creo que una sociedad como la vasca, con las mayores tasas de consumo de cannabis entre su población, deba en estos momentos plantearse una legislación más permisiva”.

Izquierda Unida es el único de los grandes partidos nacionales que llevaba en su programa para las últimas elecciones la legalización: “Nosotros separamos el cannabis de otro tipo de sustancias, y creemos que el consumo individual no se debe perseguir -sí el tráfico a gran escala-, pues queda en la conciencia individual de cada uno”, comentan fuentes de la dirección de IU.

Tal vez la medida vasca sea al menos un comienzo para dar cierta seguridad legal a las asociaciones cannábicas: “Una parte de la población se asocia, y esto es particularmente frecuente en el País Vasco, para poder cultivar y consumir cannabis en grupo o privadamente”, continúa Jesús María Fernández: “Es una situación que ni las leyes penalizan ni los tribunales están sancionando. Se trata por tanto de regular estas asociaciones para lograr que su funcionamiento sirva para controlar el uso de la sustancia, evitar la promoción de nuevos usuarios, garantizar que quien consume en estas asociaciones cuenta con la información para hacer un uso responsable e informado del cannabis y para evitar consumos problemáticos”.

Desde el Ministerio de Sanidad no pueden confirmar ni desmentir si el registro de asociaciones cannábicas se implantará en el ámbito nacional en un futuro, pero comprenden la actitud del Gobierno Vasco: “Estas asociaciones están en un limbo legal. No hay una normativa porque nunca se pensó que se llegaría a esta situación”.

La situación actual indica una proliferación de las agrupaciones cannábicas por toda España, sobre todo en el País Vasco (unas 40) y Cataluña, pero también en Murcia o Madrid. “En principio, la nueva ley no va a resolver nada, pero puede poner el marco para desarrollar un reglamento que imponga mecanismos de vigilancia e inspección”, opina Martín Barriuso, de la asociación bilbaína Pannagh. “Si presentas un certificado médico que acredite una enfermedad para la que el cannabis es beneficioso (esclerosis múltiple, cáncer, fibromialgia), no hace falta que te presente nadie. Después, se paga una cuota anual de 40 euros y luego la de reparto, es decir, por lo que te lleves”, apostilla. 

UN NOMBRE Y UNA META. Martín Barriuso, presidente de la asociación para el estudio del cannabis Pannagh posa para Rolling Stone. En el paro y con el coche intervenido, aguarda juicio tras ser acusado de tráfico de drogas. (Foto: Gonzalo Azumendi)

Pannagh, que fue fundada en 2003, funciona, según Barriuso, “a cara descubierta”: “Comunicamos a la policía por escrito dónde están los cultivos, hacemos facturas, pagamos impuestos y seguridad social… Pero cuanto más legalmente hemos hecho las cosas, más caña nos han metido”. Se refiere a la redada del pasado 14 de noviembre, por la que él, presidente de Pannagh, fue detenido junto a otros dos compañeros. La asociación se precintó, se intervino su cuenta bancaria, se ordenó cerrar la página web y el blog y se decomisó la cosecha.

Barriuso, bilbaíno de 46 años, tuvo que pagar una fianza para salir de prisión y ahora, en el paro y con el coche intervenido, aguarda juicio. No es la primera vez: “En 2005 también nos detuvieron, pero el juez acabó desestimando el caso y ordenó que se nos devolviera la marihuana. Fue la primera vez que ocurría algo así en España, y después de eso pensamos que ya no nos iban a detener más veces y por eso hemos ido a cara descubierta. ¿De verdad creen que un narco haría facturas de la marihuana y le diría a la policía donde está la plantación?”.